Nanotech's "Second Nature" Patents:

Impacts on the global South

( The full text of the 36-page report is available here:
http://www.etcgroup.org/article.asp?newsid=509)

ISSUE: On the 25th anniversary of the US Supreme Court decision that opened the floodgates to the patenting of all life forms, ETC Group reports on current trends in intellectual property relating to nano-scale technologies. With nanotechnology, the reach of exclusive monopoly patents is not just on life, but all of nature. Accordingly, ETC Group refers to nanotech's "second nature" patents. Nanotech patent claims offer the South (and society) an advance look at who's likely to own nanotechnology and dominate 21st century commodity markets. Breathtakingly broad nanotech patents are being granted that span multiple industry sectors and include sweeping claims on entire classes of the Periodic Table. Yet, when the G8 nations meet this July they will be unveiling a "Pro-Poor Science" strategy to turn nanotechnology into a silver bullet antidote to social injustice. Is nanotech the solution - or just another big downer for development?

IMPACT: The race is on to win monopoly control of tiny tech's colossal market. The US National Science Foundation predicts that the immensely broad power and scope of nano-scale technologies will revolutionize manufacturing across all industry sectors - capturing a $1 trillion market within six or seven years. Although industry analysts assert that nanotech is in its infancy, "patent thickets" on fundamental nano-scale materials, building blocks and tools are already creating thorny barriers for would-be innovators. Industry analysts warn that, "IP roadblocks could severely retard the development of nanotechnology." Some insist that nano-scale technologies will address the most pressing needs of the South's marginalized peoples. But in a world dominated by proprietary science, it is the patent owners and those who can pay license fees who will determine access and price. Even as South governments are grappling with confusion and controversies over biotechnology, the World Trade Organization's Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) obligates even "least developed" countries to enforce nanotech patents by 2006.

PLAYERS: The world's largest transnationals, leading academic labs and nanotech start-ups are all racing in the patent gold rush. Increasingly, universities are licensing on an exclusive basis. Nanotech's "second nature patents" are positioning multinational matter moguls to own and control novel materials, devices and their manufacturing processes.

POLICY: While WIPO ponders a "development agenda" in Geneva, patent offices in Washington, Munich and Tokyo are deciding who will gain exclusive monopoly over a technology that will bring profound changes in demand for raw materials and manufacturing around the globe. Despite rosy predictions that nanotech will provide a technical fix for hunger, disease and environmental security in the South, the extraordinary pace of nanotech patenting suggests that developing nations will participate via royalty payments. Accordingly, national governments must protect their sovereignty and intergovernmental agencies must move quickly to prevent multi-sector monopolies, technology barriers and the formation of a powerful new oligopoly that seeks control over the economy's 'second nature.'

¿Solo una broma con sentido?

Primer Borrador Ideas Comisión 31.05.05.05

CTI (31.05.05) e. Capital humano

4 Capital Humano

Diagnóstico

Desigual distribución del capital humano en Chile. De no cerrar las brechas en educación y tecnología (esta última como motor de la demanda privada por capital humano) las probabilidades de experimentar un crecimiento significativo en productividad y mejorar la equidad son muy bajas.

Según el Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Bank Forum del año 2004, Chile presenta un rendimiento deficiente en el ámbito de “capital humano” particularmente rezagado en disponibilidad de profesionales técnicos, así como en logro en matemáticas a nivel básico.

Deficiente calidad de la educación. Ésta se traduce en la evolución de los resultados de la prueba SIMCE y los bajos resultados obtenidos en pruebas estandarizadas internacionalmente como el Estudio Internacional de tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS)[1]; y el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA)[2]. Ciertamente, Chile es superado por aquellos países con un mayor nivel de desarrollo, especialmente por los más innovadores. Los estudiantes chilenos muestran rendimientos incluso inferiores a los esperados para el nivel de gasto en educación por estudiante del país, controlando por su nivel de desarrollo.[3]

En términos de las evaluaciones internacionales de competencias laborales, el estudio sobre alfabetización adulta (IALS) de la OCDE concluyó que en 1998 sólo el 12,9% de los trabajadores chilenos de entre 16 y 65 años mostraba competencias superiores al nivel básico, mientras que en países innovadores como Finlandia este porcentaje llegaba a 63,6%.

En términos de la educación superior, Chile presenta una cobertura significativamente inferior a la de los países innovadores (37.5% versus 63.6%). Sin embargo, se espera que nuestro país experimente una creciente demanda por educación superior en los próximos años.

En Chile existe una brecha de técnicos y profesionales en la fuerza laboral respecto de países innovadores. Según estadísticas del Banco Mundial, en Chile sólo un 10.2% de la fuerza laboral es técnico-profesional, en contraste con los países innovadores, donde esta cifra se eleva al 29.2%.

También existe una brecha de profesionales con doctorado en la fuerza laboral respecto de países innovadores. Según Tokman y Zahler (2004), en el período 1996-1999 Chile incorporó a su fuerza laboral sólo 3 PhD en ciencia por cada millón de habitantes, mientras que Suecia y Finlandia incorporaron 197 y 177, respectivamente.

Mayoría de los profesionales dedicados a la I+D trabaja en el sector público (casi un 90% del total del personal dedicado a la I+D) lo que contrasta con las economías de la OECD donde la mayoría se desempeña en el sector privado.

Propuestas

Mas allá de las propuestas que surjan directamente de aquellos que están revisando el tema de educación, promover también formación de profesionales con doctorado en áreas clave para la actividad innovativa, como por ejemplo, PhD en ciencias aplicadas.

Motivar la generación de carreras y/o especializaciones en gestión tecnológica y actividades relacionadas que permitan una fluida relación entre los agentes involucrados en estos temas.

Promover subsidios a contratos de personal científico al interior de las empresas privadas, señalando los retornos esperados asociados a la carrera científica aplicada.

Generación de mecanismos de uso masivo de tecnologías de información, en particular en los educandos a nivel básico. Así, los procesos de actualización tecnológica son mas rápidos aun cuando estos se desarrollen fuera del ámbito universitario.

[1] Prueba aplicada a alumnos de 8º grado en 2002. Entre 46 países Chile ocupó el lugar 39 en matemáticas y 36 en ciencias.
[2] Prueba aplicada a estudiantes de 15 años en el año 2000. Chile ocupó el lugar 34 entre 41 países.
[3] Ver Apéndice 4.

CTI (31.05.05) d. Infraestructura

3 Infraestructura

Diagnóstico

Según el Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Bank Forum del año 2004, Chile presenta un rendimiento destacado en aquellas dimensiones relacionadas con la “infraestructura pro-innovación”, como por ejemplo el desarrollo del e-government, la inversión en telecomunicaciones, e incluso, en usuarios de computadores e internet
- La Inversión Extranjera Directa (IED) por su parte ha constituido otro canal a través del cual nuevos equipos y maquinaria ha sido introducida en los procesos productivos chilenos, ya sea en nuevas inversiones del tipo greenfield como también en aquellas existentes. El caso del vino, la fruticultura y algunos sectores de la manufactura como el químico pueden destacarse como ejemplos interesantes.

No obstante lo anterior, este esfuerzo se ha concentrado principalmente a nivel de las grandes firmas, teniendo las PYMEs un rol secundario en esta actualización en su infraestructura tecnológica.

Parte fundamental de la infraestructura tecnológica tiene que ver con aspectos no tangibles. En el caso chileno se registra un aporte importante en el desarrollo y levantamiento de estándares tecnológicos. Los casos de las declaraciones de impuesto por Internet y los patrones asociados a la transformación vial son ilustrativos de este aspecto.

Propuestas

- Continuar con planes de atracción de la inversión extranjera aunque con un particular énfasis en proyectos con alto contenido tecnológico. La experiencia de los proyectos asociados al offset de compras militares pueden ser de gran utilidad para analizar ventajas y obstáculos encontrados.
- Potenciar con mayor esfuerzo en el ámbito de la economía digital. Ello a través de permitir el acceso mas expedito a una mayor parte de la población de las ventajas y mejoras desarrolladas tanto nacional como internacionalmente en el ámbitos de la informática.
- Lograr que las PYMEs puedan ser incorporadas en forma ágil a esta economía digital de modo de potenciar sus negocios. La complementación de los recursos en hardware con un entrenamiento y uso de los recursos es fundamental para que estas herramientas sean útiles.
- Potenciar el desarrollo de estándares tecnológicos a nivel nacional ya sea adoptando algunos existentes en el ámbito mundial o bien adaptándolos a la realidad nacional. Protocolos de informática, eléctricos, de construcción y ambientales entre otros, forman la piedra angular en el desarrollo de cualquier emprendimiento tecnológico y por tanto debe estar disponible en forma visible para aquellos innovadores.
- Acelerar el desarrollo de la propiedad intelectual ya que tiene un insuficiente desarrollo en Chile lo cual limita e inhibe la creación de valor en diferentes contextos y cuestiona la progresiva inserción internacional de la producción tecnológica chilena. Por ello, es fundamental avanzar tanto en los aspectos legislativos como en los operacionales en universidades y empresas. También, es necesario asumir un cambio cultural a través de la educación en este tema.

CTI (31.05.05) c. Participación privada

2 Participación Privada

Diagnóstico

En Chile, la proporción del gasto en I+D financiada por las empresas privadas es menor al 28%, mientras que el resto es financiado por el gobierno y las universidades. Esto contrasta con lo que ocurre en el conjunto de países innovadores, donde las empresas financian más de un 68%.[1]

Tampoco la investigación y desarrollo aplicada se realiza en forma mayoritaria en las empresas. En efecto, un muy bajo porcentaje de científicos en el área de la investigación y desarrollo trabaja en ellas – menos del 6%, en contraste con Finlandia, en que lo hace más de un 30%.

Aparte de un evidente problema de demanda por innovación a nivel empresas, el bajo esfuerzo innovador del sector privado también se debe a fallas en el mercado de capitales (problemas de oferta) que dificultan el financiamiento del emprendimiento innovador. Es así como en los países innovadores los empresarios perciben que existe una disponibilidad de capital de riesgo al menos 50% superior a la existente en Chile. Con todo, debe destacarse que paulatinamente estas fallas de mercado se han ido corrigiendo a través de los proyectos de Ley de Mercado de Capitales I y II, partiendo por los niveles más básicos de funcionamiento del mercado y avanzando hacia niveles de mayor sofisticación.

Propuestas

Si bien los fondos públicos apoyan la generación de ideas mediante el financiamiento de las etapas de “desarrollo del concepto” y “desarrollo o transferencia de tecnología” y la Ley de Mercado de Capitales fomenta el desarrollo del mercado para que fondos privados transformen estas ideas en negocios mediante el financiamiento privado de las etapas de “desarrollo inicial de la empresa” y “expansión”, existe una excepción en la cobertura de este esquema, a decir, la etapa de “aplicación y primer escalamiento” la que estaría quedando rezagada y debiese cubrirse mediante el desarrollo de instrumentos ad-hoc. Capital semilla surge como uno de estos mecanismos.

Mejorar la información a disposición de las empresas de manera que éstas se mantengan informadas sobre los distintos fondos y programas de apoyo a la actividad innovativa que actualmente operan en Chile y cómo acceder a ellos.

Fomentar la vinculación con agentes externos a la empresa de manera de romper con la inercia de la procedencia de las ideas innovativas. Esto es, herramientas que ayuden a “apretar” la red del Sistema innovativo Nacional.

Revisar la posibilidad de implementar mecanismos tributarios para incentivar la actividad privada en I+D cuidando que sean temporales, incrementales y fácilmente controlables.

[1] Esto es una práctica fundamental ya que tiende a asegurar que la investigación sea pertinente a las necesidades del sector productivo y tenga efectos económicos reales.

CTI (31.05.05) b. Institucionalidad

1 Institucionalidad

Diagnóstico

En el Sistema Nacional de Innovación las políticas son diseñadas primordialmente por actores públicos. En este sentido, si bien algunos programas particulares cuentan con consejos asesores que consideran la opinión de actores privados, ello no se da a nivel agregado ni forma parte sistemática del diseño de las políticas de innovación como un todo. Esta visión global en teoría reside en la autoridad política del Presidente de la República; sin embargo, en la práctica ella sólo se traduce en prioridades anuales que quedan de manifiesto a través del proceso presupuestario del sector público. Es decir, no existe una instancia pública formal, ni menos mixta, que coordine, dé lineamientos generales, evalúe y vele por la consistencia del SNI. Sin embargo, es esperable que esta coordinación no surja espontáneamente por lo que debe ser el sector público el que la fomente.

Entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas se cuenta el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo, no hay instancias formales de coordinación entre estas líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.

A nivel financiamiento, se encuentra la canalización de recursos a través de los Fondos Tecnológicos. Su creación, más allá de los problemas de coordinación identificados en el sistema como un todo y de eventuales problemas operativos, ha sido conceptualmente correcta por apuntar a una mayor participación de las empresas en el proceso innovador, incentivando así la demanda por innovación de manera que se conecte con la oferta y hacerla más pertinente en términos productivos. Los Fondos Tecnológicos son principalmente de carácter horizontal, en el sentido de procurar seguir a la demanda, sin diferenciar sectores industriales, etapas de desarrollo, ni tecnologías específicas a ser aplicadas.

Muchos de estos fondos individuales están bien evaluados[1]; sin embargo, no están todo lo alineados que debieran en cuanto a sus mecanismos de financiamiento, asesoría, administración, ejecución y evaluación. Esto se debe a la alta dispersión de programas, donde convive el tradicional financiamiento directo a la oferta con los nuevos fondos orientados a la demanda, y que queda manifiesta al poder distinguir al menos 30 programas o agencias públicas en el Sistema Nacional de Innovación.

Propuestas

Crear un organismo que sea responsable del diseño y coordinación de las políticas pro innovación. Este puede tener el cuerpo de un Consejo con dependencia directa del Presidente de la República o lisa y llanamente un ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

La política pro innovación elaborada por este agente debería considerar al menos los siguientes ámbitos:

Se estima que Chile debe cerrar una brecha de al menos 2.4 puntos porcentuales del PIB para alinearse con los países líderes en innovación. En particular el sector público debiese duplicar su gasto en I+D, debiendo el sector privado hacerse cargo del resto de la brecha. Esto implica que el sector público debe aumentar su esfuerzo innovador en una cifra entre US$300 millones y US$400 millones al año.

Fomentar la claridad en las reglas del juego, principalmente en lo referido a los derechos de propiedad y primacía de contratos que son claves para incentivar el proceso innovador y su difusión.

Fomentar un adecuado funcionamiento y desarrollo del mercado de capitales orientados a la actividad innovadora, en especial en sus etapas tempranas y de escalamiento . Entre los instrumentos disponibles están los fondos de garantías a proyectos innovadores, fomento de red de capitalistas ángeles y mecanismo de difusión de capital semilla.

Fomentar el despliegue de fuertes capacidades de innovación, las que estén orientadas esencialmente a desarrollar encadenamientos productivos en torno a ventajas competitivas del país. En particular, el fomento de la creación de clusters en torno a los recursos naturales.

Fomentar la coordinación eficiente de los actores que componen el SIN de manera de evitar descoordinaciones, duplicidad de funciones, bajo esfuerzo total, dispersión de programas que no alcanzan a crear masa crítica, baja participación del sector privado, sesgo hacia la investigación básica, falta de financiamiento, “cuellos de botella” en materia de capital humano, y desconexión entre el ámbito empresarial y el ámbito investigador-académico.

Evitar asociar innovación sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías. También debe tenerse presente que la innovación también implica adoptar y adaptar tecnologías externas lo que es relevante por tener un costo significativamente menor.

Establecer sistemas permanentes de evaluación externos que garanticen el correcto uso de los recursos públicos en materia de innovación. Obviamente ello debería ir aparejado con la capacidad de asignación autónoma de recursos en las distintos frentes o temas de acuerdo a criterios previamente definidos.

Definir explícitamente objetivos y estrategias tanto nacionales como regionales mediante un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación que incorpore los temas anteriormente señalados. La participación privada en el desarrollo de este plan es fundamental.
[1] Véase por ejemplo Universidad de Chile (2004ª) y (2004b), Crespi y Muñoz (1998), y Gerens (1996ª) y (1996b).

Primer Borrador de Ideas Comisión CTI (31.05.05) a.

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

0 Un breve diagnóstico sobre el desempeño innovativo nacional

Según el Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Bank Forum del año 2004, Chile presenta un rendimiento inferior al esperado en todas las dimensiones asociadas a “capacidad innovativa” : proporción de exportaciones tecnológicas casi inexistente, un bajo grado de colaboración científica entre universidades y empresas, y un bajísimo esfuerzo en investigación y desarrollo, así como en patentamiento. En este ámbito, sólo la publicación de artículos técnicos y científicos está en línea con el nivel de ingreso de Chile. [1]

En Chile, el 0.7% del PIB es destinado a actividades innovativas (última cifra para año 2002), mientras que en los países desarrollados se destina en promedio el 2.1%, y en los innovadores el 3.1%. Lo anterior deja en evidencia la baja proporción del PIB destinada a la innovación en comparación con países de mayor desarrollo. Más aún, Chile posee un nivel crecientemente menor al esperado si se controla por características económicas y poblacionales[2]. Además, parte importante del gasto en I+D es financiado por el sector público (0.5% del PIB).

Si bien el gasto en I+D es un indicador importante del esfuerzo innovador que realizan los países, quizás aún más importante es la forma en que ésta se financia. Los países más exitosos han logrado que las empresas ejecuten y financien gran parte del gasto en I+D (más del 60% de acuerdo al Apéndice 3). Una práctica que es fundamental ya que así tiende a asegurarse que la investigación sea productivamente pertinente y tenga efectos económicos reales. En Chile, esta proporción de gasto en I+D es cercana al 35% (desglosado en 28% empresas privadas[3] y 7% empresas estatales), mientras que el 54% es financiado por el gobierno. El 11% restante es financiado por otros sectores.

En Chile, un porcentaje desmedido del esfuerzo en investigación y desarrollo se dedica a investigación básica - menos de la mitad del esfuerzo total está focalizado en investigación aplicada, mientras que en los países innovadores esta proporción se eleva a más del 80%. Todo esto resulta en que la investigación en Chile no tienda a transformarse en aplicaciones comerciales.

El Índice de Competitividad para el Crecimiento del World Economic Forum y el modelo desarrollado por el Banco Mundial para diagnosticar la posición de cada país en la economía del conocimiento (World Bank, 2004), y el informe de la OECD (2003) coinciden en que el país presenta un sistema Nacional de Innovación (SIN) subdesarrollado, insuficientemente preparado para hacer frente al desafío de crecer con equidad.

Problemas del SIN chileno: falta de directrices, descoordinación, duplicidad de funciones, bajo esfuerzo total, dispersión de programas que no alcanzan a crear masa crítica, baja participación del sector privado, sesgo hacia la investigación básica, falta de financiamiento, “cuellos de botella” en materia de capital humano, y desconexión entre el ámbito empresarial y el ámbito investigador-académico.

En términos de la baja conexión entre el mundo empresarial y el científico-académico se tiene que la colaboración con fines de investigación entre empresas y universidades en los países innovadores es casi un 60% más frecuente que en Chile. Además, el deficiente nivel de interacción entre los agentes privados del SIN chileno también se manifiesta en que la principal fuente de innovación en las empresas son las personas al interior de las mismas, más que un proceso de aprendizaje por interacción con agentes externos.


[1] Ver Apéndice 1.
[2] Ver Apéndice 2.
[3] Los resultados ajustados del Censo de Gasto Privado en I+D indican que durante el año 2002 US$ 123 millones fue financiado por el sector privado, cifra que corresponde a un 0.19% del PIB.