miércoles, junio 01, 2005

CTI (31.05.05) b. Institucionalidad

1 Institucionalidad

Diagnóstico

En el Sistema Nacional de Innovación las políticas son diseñadas primordialmente por actores públicos. En este sentido, si bien algunos programas particulares cuentan con consejos asesores que consideran la opinión de actores privados, ello no se da a nivel agregado ni forma parte sistemática del diseño de las políticas de innovación como un todo. Esta visión global en teoría reside en la autoridad política del Presidente de la República; sin embargo, en la práctica ella sólo se traduce en prioridades anuales que quedan de manifiesto a través del proceso presupuestario del sector público. Es decir, no existe una instancia pública formal, ni menos mixta, que coordine, dé lineamientos generales, evalúe y vele por la consistencia del SNI. Sin embargo, es esperable que esta coordinación no surja espontáneamente por lo que debe ser el sector público el que la fomente.

Entre los actores públicos más relevantes en el diseño de políticas se cuenta el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, el primero orientado a la investigación básica, y el segundo al desarrollo tecnológico y el emprendimiento innovador. Otro actor importante es Mideplan, a cargo del Programa Milenium de becas de investigación. Sin embargo, no hay instancias formales de coordinación entre estas líneas programáticas. Esta ausencia de coordinación se manifiesta también en la existencia de una serie de políticas diseñadas a nivel sectorial por los ministerios respectivos, por ejemplo en agricultura, salud, defensa y otros, así como por traslapes y duplicación de funciones.

A nivel financiamiento, se encuentra la canalización de recursos a través de los Fondos Tecnológicos. Su creación, más allá de los problemas de coordinación identificados en el sistema como un todo y de eventuales problemas operativos, ha sido conceptualmente correcta por apuntar a una mayor participación de las empresas en el proceso innovador, incentivando así la demanda por innovación de manera que se conecte con la oferta y hacerla más pertinente en términos productivos. Los Fondos Tecnológicos son principalmente de carácter horizontal, en el sentido de procurar seguir a la demanda, sin diferenciar sectores industriales, etapas de desarrollo, ni tecnologías específicas a ser aplicadas.

Muchos de estos fondos individuales están bien evaluados[1]; sin embargo, no están todo lo alineados que debieran en cuanto a sus mecanismos de financiamiento, asesoría, administración, ejecución y evaluación. Esto se debe a la alta dispersión de programas, donde convive el tradicional financiamiento directo a la oferta con los nuevos fondos orientados a la demanda, y que queda manifiesta al poder distinguir al menos 30 programas o agencias públicas en el Sistema Nacional de Innovación.

Propuestas

Crear un organismo que sea responsable del diseño y coordinación de las políticas pro innovación. Este puede tener el cuerpo de un Consejo con dependencia directa del Presidente de la República o lisa y llanamente un ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación.

La política pro innovación elaborada por este agente debería considerar al menos los siguientes ámbitos:

Se estima que Chile debe cerrar una brecha de al menos 2.4 puntos porcentuales del PIB para alinearse con los países líderes en innovación. En particular el sector público debiese duplicar su gasto en I+D, debiendo el sector privado hacerse cargo del resto de la brecha. Esto implica que el sector público debe aumentar su esfuerzo innovador en una cifra entre US$300 millones y US$400 millones al año.

Fomentar la claridad en las reglas del juego, principalmente en lo referido a los derechos de propiedad y primacía de contratos que son claves para incentivar el proceso innovador y su difusión.

Fomentar un adecuado funcionamiento y desarrollo del mercado de capitales orientados a la actividad innovadora, en especial en sus etapas tempranas y de escalamiento . Entre los instrumentos disponibles están los fondos de garantías a proyectos innovadores, fomento de red de capitalistas ángeles y mecanismo de difusión de capital semilla.

Fomentar el despliegue de fuertes capacidades de innovación, las que estén orientadas esencialmente a desarrollar encadenamientos productivos en torno a ventajas competitivas del país. En particular, el fomento de la creación de clusters en torno a los recursos naturales.

Fomentar la coordinación eficiente de los actores que componen el SIN de manera de evitar descoordinaciones, duplicidad de funciones, bajo esfuerzo total, dispersión de programas que no alcanzan a crear masa crítica, baja participación del sector privado, sesgo hacia la investigación básica, falta de financiamiento, “cuellos de botella” en materia de capital humano, y desconexión entre el ámbito empresarial y el ámbito investigador-académico.

Evitar asociar innovación sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías. También debe tenerse presente que la innovación también implica adoptar y adaptar tecnologías externas lo que es relevante por tener un costo significativamente menor.

Establecer sistemas permanentes de evaluación externos que garanticen el correcto uso de los recursos públicos en materia de innovación. Obviamente ello debería ir aparejado con la capacidad de asignación autónoma de recursos en las distintos frentes o temas de acuerdo a criterios previamente definidos.

Definir explícitamente objetivos y estrategias tanto nacionales como regionales mediante un plan nacional de ciencia, tecnología e innovación que incorpore los temas anteriormente señalados. La participación privada en el desarrollo de este plan es fundamental.
[1] Véase por ejemplo Universidad de Chile (2004ª) y (2004b), Crespi y Muñoz (1998), y Gerens (1996ª) y (1996b).